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   9/5/8 - Doctrina y Jurisprudencia Penal
Lic. Kevin Lehmann:

Estas reflexiones están orientadas a disparar ejes de discusión en la reunión de Voceros de Superiores Tribunales que se llevará a cabo el 22 de junio de 2007

 
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La Justicia como resultado
Lic. Kevin Lehmann


Nota preliminar:
Estas reflexiones están orientadas a disparar ejes de discusión en la reunión de Voceros de Superiores Tribunales que se llevará a cabo el 22 de junio de 2007, en la CSJN, como parte de las actividades del Centro de Información Judicial.
El destino de este documento determina su contenido: se trata de definiciones operativas, para una reunión de trabajo, en esta etapa de la evolución de la estrategia comunicacional del CIJ y que deberían provocar líneas concretas y consensuadas de acción. La solidez filosófica, en este caso, es irrelevante.

Marco:
La Justicia, según el diccionario de la RAE, es una de las cuatro virtudes cardinales y un atributo de Dios. Por lo tanto, un absoluto, un irrepresentable: como la Belleza, la Bondad, el Amor. Tutelar ese Bien, poner a los hombres en contacto con ese bien es tarea de sacerdotes y, tal vez, de Artistas y Poetas.
Probablemente no sea esa la tarea que se le ha encomendado al Poder Judicial (aun cuando para la vigésima segunda edición del diccionario, la sexta acepción de Justicia sea: Poder Judicial).

Supuestos de partida:
La Justicia no se objetiva, no existe un producto, un hecho ni un lugar que sea Justicia. Por lo tanto:

1- El Poder Judicial no produce Justicia: no es una fábrica de Justicia. Produce decisiones. Tomadas en un contexto determinado, pueden ser percibidas socialmente como justas.

2- La Justicia no es intrínseca a las decisiones. Si lo fuera, no existirían instancias de revisión.

3- La Justicia es una convención y una percepción: lo que es justo en un lugar y un momento dados es injusto en otro lugar u otro momento.

4- En esta sociedad y en este momento el reclamo de Justicia no es una abstracción. Existe una convención -una Constitución, por ejemplo- y un paradigma (que determina lo que será percibido como justo o no y, más importante, si existe o no Justicia).

5- La justicia es el resultado de una interacción social. Aun la justicia, tomada como sinónimo de las decisiones que produce el Poder Judicial, en ningún caso depende de la voluntad autónoma de éste: los otros dos Poderes -y la sociedad- definen el contexto (leyes, composición, presupuesto, etc.) y los alcances de esas decisiones.

6- La Justicia es, también, el resultado de la inscripción de unas decisiones y una actuación institucional determinada, en un paradigma.


7- Para construir la justicia como resultado Funcionarios y Magistrados (de todos los niveles) deben ocuparse de los contenidos de la decisiones; los responsables de la comunicación de inscribir esos contenidos en el paradigma (ajuste de expectativas y traducción de lo extraño en próximo, etc.) y discutir el paradigma; y los Superiores Tribunales en tanto cabezas del Poder, de influir sobre la convención (la legislación) y el contexto (presupuesto, composición interna, etc.) en el que toma sus decisiones los integrantes el Poder Judicial.

8- Los esfuerzos para mejorar la comunicación del Poder Judicial con los ciudadanos no tiene como punto de llegada mejorar la imagen de la justicia, sino que exista más Justicia.


Desarrollo:
La Justicia, así, con mayúsculas, es un atributo, un valor, un bien público; la justicia, con minúsculas (y, aquí, con cursivas), es un producto, resultado de un concurso de factores, decisiones e intervenciones de múltiples actores.
La Justicia y la justicia no son, entonces, equivalentes, pero sí interdependientes. El Poder Judicial, identificado socialmente con ambas (en una medida que lo excede) debe, para incrementar su prestigio institucional y para cumplir acabadamente con la tarea que le fue encomendada y que asume como propia, incrementar la calidad de ambas. Respecto de la cantidad podríamos arriesgar que existe una relación, aparentemente paradójica, de proporcionalidad inversa: cuanta más justicia sea necesaria, menos Justicia existe.
Se verifica, ya lo hemos dicho en otro lugar y no es necesario aclararlo aquí, un desajuste de expectativas respecto de la contribución del Poder Judicial a la Justicia . Ese desajuste solamente puede solucionarse mediante la comunicación.
El paradigma, en el sentido en que es utilizado en este texto, determina lo que puede ser percibido y su valoración. Es decir, qué existe y qué no existe, qué es bueno y qué es malo, qué es prioritario y qué no lo es, qué es justo y qué injusto, etc.
Inscribir las decisiones de la justicia y la actuación del Poder Judicial en el paradigma que nuestra sociedad tiene de la Justicia es una tarea indelegable de la Comunicación
-como área, como saber y como ejercicio -. Para hacerlo -lo señalo aunque sea redundante- primero hay que conocer cuál es ese paradigma y cuáles son sus reglas: eso determinará las estrategias de legitimación, institucionalización, acreditación, identificación, etc. que darán sustento a la política comunicacional.

Algunas líneas de acción sugeridas, a modo de conclusión:
El área -las áreas- de comunicación del Poder Judicial no pueden trabajar exclusivamente desde la comunicación de oferta (transmitir a la sociedad los mensajes de la institución) ni alcanza con responder a las demandas del periodismo u otros actores. Lo más importante es trabajar en, desde y sobre el paradigma social, las esperas (expectativas) societales y la imagen que la sociedad tiene respecto de qué es, como está compuesto y qué hace el poder Judicial.





Los tres elementos -simplificando excesivamente: el horizonte cognitivo, las demandas y el conocimiento de la institución- son materia sobre la que puede y debe actuar un Poder del Estado. Para provocar el apego a los valores republicanos y democráticos es obligación de los Poderes no solamente tener, sino lograr que los ciudadanos perciban, un desempeño adecuado a sus expectativas.
Por lo tanto no existe solución de continuidad entre la imagen de la justicia y la de Justicia.



La Justicia en el Espacio Público
Lic. Kevin Lehmann

1. El marco

La idea de titular este artículo “La Justicia en el espacio público” responde a la necesidad de tomar posición desde el primer momento acerca de cuál es la entidad y cuáles son los límites de la cuestión que va a abordarse a continuación.
Digamos, para empezar mostrando las cartas, que entiendo que cuando se proponen debates con títulos como “Justicia y medios de comunicación”, “Prensa y Justicia”, etc. se parte de un recorte temático que condiciona el abordaje, define una arena de discusión y determina el sentido -sino los contenidos- de las conclusiones…que terminan siendo bastante similares entre sí: la necesidad de contar con un vocero u oficina de prensa que facilite la relación con el periodismo; que aquello de que “los jueces hablan por sus sentencias” esta perimido, etc.
Mi planteo es que la relación entre la justicia y los medios periodísticos es parte de una cuestión -la imagen del Poder Judicial- cuya definición última reside en otro lugar; y que requiere de herramientas conceptuales y de la aplicación de una lógica distinta a las del periodismo y la justicia.
Los intentos por resolver los problemas de la imagen pública de la justicia enmarcándolos exclusivamente en las instancias de su relación con los medios, demoran la discusión de fondo y encubren la existencia de otros actores que participan de la construcción de esa imagen.

2. Los desafíos de la comunicación

Trabajo desde hace tres años en distintas áreas de comunicación vinculadas con la justicia de la provincia de Buenos Aires. En este tiempo me encontré con muy pocos problemas cuya solución radicara simplemente en que se conozca el contenido de las sentencias (de hecho, en la mayoría de los casos, la controversia pública estalló en instancias muy anteriores al fallo).
Los cuestionamientos más fuertes estuvieron dirigidos a fiscales y jueces y a la llamada “corporación judicial”. Casi todos los ataques se propusieron presentarlos como “insensibles”, “negligentes” y “alejados de la realidad de los ciudadanos”. En la mayoría de los casos resonantes, antes o después, representantes del poder político tomaron partido…en contra del funcionario o magistrado.
Muchas de las controversias públicas que enfrenta la justicia ni siquiera tienen que ver con decisiones puntuales (sentencias, investigaciones, excarcelaciones, etc.) adoptadas en el devenir de una causa. En 2004 un ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires cargó contra los jueces de menores en su conjunto (y promovió un jury a doce de ellos) para defender la necesidad de modificar una norma; a mediados de 2006 otro ministro descalificó a los tribunales de Familia, como parte de su estrategia de promoción de dos nuevos planes adoptados por su cartera. Hay decenas de ejemplos equivalentes.
Temas como el aborto y los menores en conflicto con la ley penal enfrentan inmediatamente a la justicia con la opinión ONG’s y distintos sectores de la sociedad civil, sea que se falle en un sentido o el otro, indistintamente.

El área de comunicación -o, en su caso, el vocero- hace (o debe hacer) algo más que transmitir la palabra de los jueces y funcionarios.
Para poder comunicar debe lograr, por lo menos, dos cosas: fortalecer (en términos de legitimidad) la palabra de la justicia, es decir su imagen, su credibilidad y, por lo tanto, su capacidad de influir en la esfera pública; y conseguir que el mensaje llegue y sea entendido sin excesivas distorsiones por los ciudadanos .


3. La justicia, el espacio público y el periodismo

Existen varios factores que inciden en los problemas de comunicación de la justicia. Algunos son estructurales: la lógica judicial, el modo de producción, los tiempos, el lenguaje , la codificación; otros responden a una estrategia comunicacional inadecuada que -me permito suponer- subsiste en buena medida por errores de diagnóstico.
La justicia opera desde una lógica racional y tiende a actuar a partir de elementos lo más objetivos posibles (pruebas). Mientras más objetivo y más racional, mejor. En su relación con el periodismo, la justicia exige esa objetividad y opera desde su visión de la racionalidad que supone algo así como que la verdad es transparente y, conociéndola, se estará de acuerdo con ella.
Sin embargo, los procesos de interpretación están atravesados por otros elementos (afectivos, cognitivos) que pueden quitarle verosimilitud a la verdad.
En cine dicen que recurren a la lluvia artificial porque el efecto en pantalla de la lluvia verdadera la hace parecer artificial. En ese sentido, es verdad lo que aparece como verdadero: eso opera como verdad y tiene efectos de verdad. Desentenderse de los procesos que convierten lo verdadero en verdad para de los ciudadanos (insistiendo en el lenguaje objetivo y sin adjetivaciones de sus voceros) genera problemas de credibilidad. Una cosa es decir la verdad y otra que le crean. Insisto sobre este punto, renunciando a la elegancia: si en la cabeza de los ciudadanos es verdad, es verdad; sino, no.
El desafío de comunicar es lograr que la verdad llegue como verdad (es decir que mi mensaje, mi versión, sea aceptada). Dos cosas: que llegue; y que llegue como verdad.
a) Que llegue: si no hay expectativa -interés por saber- no hay comunicación. Si no se es capaz de colocar el mensaje en el área de interés del ciudadano distraído, ocupado, lego en temas jurídicos, y preocupado por otras cosas, no se comunicó. En el caso de que el mensaje esté dirigido a un público específico, varían las características del receptor, no la condición de que si no escucha la comunicación no existe.
b) Que llegue como verdad: quien comunica debe ser creíble y el mensaje debe tener elementos que lo conviertan en verosímil.
Los tres elementos señalados – la gestión de las expectativas ciudadanas, la imagen del comunicador y los elementos de acreditación del mensaje - son exteriores a, por ejemplo, el contenido de las sentencias. No pertenecen a la esfera técnica del Derecho; tampoco, en sentido estricto, a la del periodismo. Se tramitan en el espacio público, con reglas propias que demandan un abordaje técnico, un saber, específico.

La gestión de las esperas societales o expectativas ciudadanas, es un tema central en la gestión de los asuntos públicos, y una tarea ineludible para cualquier organización, agente o institución que deba responder ante a sociedad por su desempeño.
La justicia padece de un desajuste estructural entre lo que los ciudadanos esperan y reclaman y lo que, efectivamente, puede lograr.
Recurro a la caricatura para desplegar la cuestión. Imaginemos que un ciudadano se acerque al hospital público, se entreviste con un médico y le haga el siguiente planteo: “sufro de una enfermedad incurable; este es un hospital que se sostiene con mis impuestos y usted recibe su salario porque yo cumplo con mis obligaciones, por lo tanto –ya que ustedes son los encargados de velar por la salud pública- exijo que se me provea de la cuota parte de salud que me corresponde, quiero que mi enfermedad desaparezca”.
Lo que no sucede con la salud, sí ocurre con la justicia: no siempre se puede proveer de salud, ni siempre se puede proveer de justicia, pero los ciudadanos tienen una expectativa mucho más ajustada y realista respecto de lo que es legítimo esperar de la salud que lo que es legítimo esperar de la justicia.
Mientras ese desajuste permanezca, cualquier explicación proveniente de los magistrados y funcionarios acerca de sus decisiones, solamente acarreará frustración, reclamos airados y las imputaciones de insensibilidad, negligencia, etc. que se repiten en los medios periodísticos.
Parte de esa distorsión proviene de la confusión acerca de qué estructuras dependen del Poder Judicial y cuales no; cuales son los límites que enmarcan es espacio de decisión de la justicia, etc.

Mientras menos conozcan los ciudadanos, mayor será el nivel de demanda salvaje. Aquí aparecen los medios de prensa. En algunos casos modelando esa demanda –ajustando las expectativas- y en otros fomentándola. Algo similar puede decirse del poder político.

Ajustar las expectativas y discutir el abordaje de los temas son dos tareas que el vocero debe llevar adelante y que lo enfrenta con los periodistas. Quiero enfatizar este punto porque cada vez que me toca intervenir en un tema controversial resulta decisivo: en general los periodistas piden información y nuestra versión respecto de la noticia. Muchas veces, aceptar estos pedidos tal como fueron formulados implica ingresar en un escenario de pura pérdida. Como en aquella pregunta canónica ¿usted sigue pegándole a su madre?, responder sin modificar el encuadre implica reconocerse en falta.
Es sumamente complicado discutir el enmarque de una nota periodística. Es tan fuerte el peso simbólico de los medios que muchas veces cuesta convencer, no solamente a los periodistas, sino a los propios magistrados o funcionarios de que no siempre son legítimos (o realistas o aceptables) determinados abordajes periodísticos y ciertas expectativas ciudadanas.
De lo que se deriva que no se trata –solamente- de facilitar el acceso a la información (para lo que bastaría con mostrar el expediente y aclarar las cuestiones técnicas) sino de proteger la calidad de esa información: determinar que elementos relevantes no deben quedar fuera de una nota, qué canales periodísticos asegurarán la transferencia de esa información, de qué manera se garantizan los máximos niveles de control posible respecto de los efectos deseados con esa información, en qué contexto será publicada, etc.
Es, a mi juicio, precisamente ahí donde radica el error de diagnóstico: la justicia no puede ni debe ser solamente un proveedor de materia prima informativa en crudo, para que sea tratada por la prensa y los demás actores de la escena pública. El derecho de acceder a la información no significa ni resignar el dere cho a discutir la interpretación pública de esa información, ni que eso deba hacerse de manera reactiva, después de que ha sido publicada. Hacerlo implicaría subordinarse a la lógica y los intereses (legítimos) del periodismo. Pero eso no mejora la comunicación ni, mucho menos, la imagen de la justicia.













4. Resumiendo:

1- La imagen pública de la justicia no depende únicamente de que los ciudadanos conozcan y entiendan claramente los fundamentos de las sentencias. Suponer que es la verdad lo que se dirime en la escena pública y que explicando y enseñando, la razonabilidad se impondrá, y, con ella, existirá una mirada más ajustada y benigna sobre el desempeño del Poder Judicial, no es – lamentablemente- ni suficiente ni completamente cierto.

2- Si la imagen de las personas e instituciones dependiese de lo fluido de su trato con el periodismo, los políticos gozarían de excelente imagen pública.

3- Los intereses y las intencionalidades existen y operan en el espacio público.

4- La verdad existe. Las interpretaciones, también. La justicia opera sobre los hechos; sus responsables de comunicación, sobre las interpretaciones

5- La justicia tiene que desempeñar un rol activo –no reactivo- en el espacio público.

6- La justicia no tiene un problema de comunicación con el periodismo sino con los ciudadanos.



5. Conclusión:

Estoy convencido de que el área de comunicación tiene –además de la tarea de facilitar el acceso a la información – la obligación proteger la imagen de la justicia y mejorar su capacidad de influir en el espacio público.
Solamente si se tiene la capacidad de influir en el espacio público mediático puede llevarse adelante una defensa efectiva de funcionarios y magistrados frente a quien se sienta con derecho a descalificarlos o presionarlos a través de los medios de comunicación; y, por otra parte, disminuir la actual asimetría de poder frente a los otros dos poderes del Estado, de modo de participar con mayor eficacia en las decisiones que la afectan directamente (legislación, infraestructura, presupuesto, etc.).
Definir la estrategia de comunicación más adecuada para el Poder Judicial requiere de un trabajo de largo plazo, interdisciplinario (que no significa, únicamente, periodistas + jueces). Es un área de la comunicación muy compleja, con –por el momento- bajos niveles de definición.
Cuantas más experiencias empíricas conozco, mayor es mi convicción de que recién se están dando los primeros pasos y que lo peor que puede hacerse en estas instancias es reemplazar las dudas por certezas. Hace falta más trabajo, más serio, durante más tiempo.





Buenos Aires, 22 de Junio







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