Desde hace varios años y algunos gobiernos que la sociedad argentina asiste a una paradoja desestimularte, fragmentadora y multiplicadora de los niveles de violencia: por un lado una preocupante situación (no sensación) de inseguridad y por otro una ausencia total de alguna política criminal dirigida a ocuparse del problema.

Cuando el impacto de esa paradoja amenaza con transformase con la razón de la huida de los votantes hacia otros sectores, cuando el costo de desoír la demanda se presenta como un riesgo político de magnitud, entonces el silencio y la omisión del desarrollo integral de una política criminal le dejan lugar a los discursos mágicos o milagrosos.

Hace unos años, no muchos, la magia invitaba a la solución del aumento de penas. El problema residía, según esta patética mirada sobre la capacidad de engañar a los ciudadanos, en que las penas eran poco importantes: a través de un aumento de las sanciones, siguiendo los pronósticos de algunos "cuasi-ingenieros", lograríamos un aumento de la seguridad.

La realidad posterior demostró la mentira, pero no era necesario esperar nuevas víctimas con capacidad de elevar su voz; era evidente para quien estudia estos temas que la pena sólo impacta sobre un porcentaje muy pequeño de casos (de los delitos cometidos sólo un porcentaje menor ingresa al sistema y es conocido -cifra negra-, de ese grupo de casos sólo el 10 % llega a la etapa de juicio oral y de ese 10 % pensemos que el 50 % recibe una sentencia condenatoria.

Era evidente que un aumento de pena opera sobre un grupo de casos muy menor y, en cualquier supuesto, sobre un sujeto que ya ha sido detectado, seguido, controlado, identificado.

¿Dónde está el problema, dónde hay que ubicar la fuente de la inseguridad: en ese sujeto o en la enorme cantidad de personas que son autoras "no identificadas" de delitos, los conocidos casos "NN"? Sujetos, estos últimos, que por propia incapacidad connatural del sistema de prevención de delitos y los límites que ostenta el sistema de administración de justicia penal, siguen gozando de la más absoluta libertad. Por otro lado, cualquier político amateur puede imaginar que nadie elige el delitos a cometer guiado en la "tarifa de precios" del Código Penal. Sin embargo, esta argumentación ocupó el lugar que durante años debió haber ocupado la propuesta de una verdadera política criminal integral.

Ahora, el devenir de los discursos mágicos ha creído que el engaño podría pasar por el problema de la minoridad. La cuestión ya no pasa por la cantidad de pena que atribuimos a los adultos, sino que aparece como imprescindible que atribuyamos la misma pena a los niños, niñas o adolescentes.

Que se trata de un nuevo discurso de coyuntura y de una renovada ausencia de política criminal lo demuestra el hecho de que brillan por su ausencia estadísticas que demuestren la real trascendencia empírica (porcentualmente hablando) de los delitos ejecutados por menores de determinada edad. Quizá se esté en lo cierto, pero la información criminológica (científica) no aparece. ¿Para qué medir, si se puede opinar?

Por otro lado, desde ministros hasta periodistas, han instalado una frase: "un chico de catorce años comprende la criminalidad". No es este el lugar para cuestionar o aprobar este fuerte diagnóstico, pero no deja de sorprender que se haya superado de un plumazo un verdadero dilema que aqueja a la ciencia penal universal de los últimos 100 años: la imposibilidad de demostrar si los hombres, adultos, poseen una libertad absoluta para poder guiar sus comportamientos de acuerdo con la comprensión de la criminalidad.

En principio, para un buen liberal, nadie es culpable si no es, primero, libre. Pero resulta que desde que nacemos estamos condicionados por el contexto social, económico, cultural, religioso, etc, etc. Pero, para tranquilidad de cientos de filósofos y juristas de todo el mundo, en nuestro país hemos llegado a la conclusión que esa libertad cuestionada en los adultos, está intacta en los niños, niñas y adolescentes.

¿Cuánto tiempo más pasará hasta que advirtamos que esta reforma sobre el sistema penal juvenil no ha cambiado el índice de inseguridad y que recordemos nuevamente que desde hace varios años se le debe a la ciudadanía el desarrollo de una política criminal ya no "testimonial", sino seria, sustentada en datos científicos e integral?