Si un hospital cuenta con quinientas camas, a nadie se le ocurriría como posible internar mil enfermos. Si una escuela tiene capacidad para quinientos alumnos, a nadie se le ocurriría que podría allí educarse más de esa cantidad de matriculados por turno.
Pero respecto de la Justicia tenemos la idea de que es de goma o nylon. Que poniendo un poquito de buena voluntad, en un juzgado -donde por ejemplo caben bien cien casos nuevos por año- también podemos hacer calzar el doble, el triple, el cuádruple. O como ahora, un promedio de más de novecientas causas nuevas por año, por juzgado. Total, son papeles. Los acomodamos hasta en los baños y no hay problema.
Y ese acumulado anual progresivo nos presenta realidades- como en algunos distritos del conurbano, o del interior del país- en donde hay juzgados que reciben más de cuatro mil asuntos nuevos por año.
Pero la gravedad del problema es tal, que se extiende la idea de que en determinadas materias y lugares “no hay justicia”. Crece el malestar en la gente y se afecta la legitimidad de un Poder del Estado.
Inclusive, las medidas emblemáticas de recuperación de prestigio -como lo fueron la integración de la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la nueva relación del Poder Judicial y de los Jueces con la sociedad, la participación de éstos en la ya tres conferencias nacionales de jueces, y los importantes fallos indicadores de una marcada independencia de los jueces respecto de los poderes políticos- es un capital insuficiente y volátil si no se toman de inmediato algunas medidas que hagan viable la funcionalidad del sistema en niveles de satisfacción aceptables.
Desde la Federación Argentina de la Magistratura, entidad que agrupa a cerca de nueve mil jueces, fiscales, defensores y secretarios judiciales y de los Ministerios Públicos, sintetizamos algunas propuestas concretas en materia de justicia y seguridad -difundidas en la prensa el 21 de abril- reclamando la atención de los poderes públicos, de la dirigencia y de la ciudadanía.
Respecto de la capacidad limitada de los sistemas judiciales, es prioritario reducir -a por lo menos la mitad- los actuales cuatro millones de conflictos que se judicializan por año. Previniendo mejor los evitables. Atendiéndolos en forma temprana, por mediación, antes que se complejicen. Enviando a parte de ellos a un sistema judicial nuevo, de baja complejidad, de procedimientos más informalizados, verbales, concentrados, a cargo de jueces de “justicia simplificada y de proximidad geográfica” para descargar parte de la actual litigiosidad, de los pesados sistemas formales, atascados, sumidos en la demora estructural, alivianándolo al sistema tradicional y reservando su uso sólo para los asuntos que justifiquen ese tipo de procedimientos.
Para hacer esto en todo el país no hace falta demasiada plata. Sí se requiere del acuerdo y de la articulación de esfuerzos de los tres poderes del estado, en los niveles nacionales, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias para dotar a cada municipio, o delimitación zonal, de jueces que actúen en bases edilicias desconcentradas, como pueden serlo las municipales, con sanción de leyes de competencia y procedimientos especiales que efectivamente acerquen la justicia a la gente y reduzcan la demora en los pronunciamientos.
Por el tratamiento de éstas y otras propuestas que estamos difundiendo en los medios de prensa, convocamos a Jueces, Fiscales, Defensores, Secretarios y Funcionarios de los Poderes Judiciales y de los Ministerios Públicos a manifestar, con su concentración el 27 a horas 13, en los espacios públicos de los distintos edificios, el apoyo a la construcción de una nueva realidad en SEGURIDAD Y JUSTICIA
ABEL FLEMING
PRESIDENTE FAM