LA JUSTICIA Y EL GOLPE DE ESTADO.

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUECES DEL TRABAJO (A.L.J.T.)


La memoria colectiva de los pueblos de Latino América no es compatible con ninguno de los subterfugios y falsos pretextos con los que se pretende validar un acto de fuerza de la más extrema antijuricidad: el golpe de estado.

El golpe de estado de Honduras ha merecido un total repudio popular, y debe destacarse en esta ocasión el que tal repudio sea acompañado por la comunidad de las naciones. Pero ha transcurrido un tiempo más que generoso para esperar que el rechazo y la presión aplicada fueran suficientes para revertir el fenómeno y sus efectos.

El dilema es complejo. La resistencia a la violencia y a la sinrazón de la fuerza, con ser plenamente legítimas, conllevan el riesgo de sangre y luto; y por otro lado –como lo indica la triste experiencia histórica- lo peor que puede llegar a suceder es que el continuado ejercicio de esa violencia acabe siendo admitido como un puro hecho y opaque la conciencia universal relativa a su ejercicio.

Pareciera que es una verdad incuestionable la de que por fuera del estado democrático de derecho no hay legalidad posible; ni armonía y control recíproco de los poderes del Estado; ni independencia judicial; ni Justicia. Porque en un golpe de estado no hay garantías para los Derechos Humanos, ni para ninguno de los derechos individuales, sociales y políticos.


Cuando esa verdad contrasta con el aval al golpe de estado por parte del máximo órgano del Poder Judicial de la Nación que lo sufre, estamos ante un acomodamiento intolerable a la razón de la fuerza y a una complicidad con la ilegalidad en su mayor dimensión; así como una declinación de las más esenciales banderas de la independencia de los jueces. Y eso es lo que ha sucedido con el Tribunal Supremo de Honduras, en su conducta de otorgarle justificación a lo injustificable.

Los jueces no podemos admitir ni consentir con el silencio el golpe de estado y esa complicidad de la jerarquía judicial.

Los debates institucionales sobre el futuro de Honduras son patrimonio de su sociedad. Pero no han de ser posibles sin que sea lograda la privación total de efectos del golpe de estado, la restitución incondicional de las autoridades constitucionales desplazadas, la remoción de las jerarquías militares, judiciales y civiles comprometidas en el mismo y la recreación de las condiciones propias de la democracia, de la república y de la soberanía popular.

El compromiso de los jueces del trabajo de todos nuestros países con el buen éxito de esta toma de conciencia colectiva es indispensable para recordar y recordarnos qué significa y qué derechos garantiza y tutela la independencia judicial.

18/08/09.- Fdo: Hugo Cavalcanti Melo Filho (Presidente)-.-María Magdalena Telesca (Secretaria)