Viernes 22 de Noviembre de 2024

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La independencia del Poder Judicial es una garantía del ciudadano

La afirmación surgió de las conclusiones de la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces. Se presentaron dos proyectos, uno que garantiza la autonomía presupuestaria y otro por la creación de un fondo estructural para la Justicia provincial

Más de 600 magistrados de todo el país participaron de la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces, que se realizó durante los días 2 y 3 de septiembre en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.

En el acto de cierre fueron leídas las conclusiones del encuentro. El documento afirma que “todos los magistrados presentes en la conferencia nacional de jueces declaran en forma unánime que la independencia del poder judicial es una garantía del ciudadano para que sus derechos sean respetados y se pongan límites a los poderes para un adecuado equilibrio republicano”.

Asimismo, el documento asegura que “resulta imprescindible aumentar la cantidad de jueces en todas las jurisdicciones, siguiendo para ello criterios objetivos basados en la cantidad de causas, consultándose a tales fines a todos los poderes judiciales”.

En tanto, durante la jornada también se presentaron dos proyectos: uno de ellos impulsa la creación de un Fondo Estructural para el desarrollo de la Justicia, que “consiste en la creación de un instrumento de desarrollo que a su vez se compadezca con el sistema jurídico, político federal, que esté disponible para ser utilizado por las provincias pero sin afectar la autonomía de estas, y que a su vez se ligue con parámetros objetivos que puedan permitir el avance de los programas “por tramo” y con monitoreo de resultados”.

Por otro lado, el otro proyecto garantiza la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, y propone “cambios de la legislación vigente, los cuales permitirán ampliar los alcances de la autarquía judicial para darle un real significado y dar efectividad al desempeño del Poder Judicial en el contexto de un real equilibrio entre poderes, necesario para acentuar la vigencia del Estado de Derecho y, con él, la de los Derechos Humanos”.



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