LOS PROYECTOS CUENTAN CON RESPALDO DE LOS BLOQUES OPOSITORES EN DIPUTADOS En su última sesión del año, la Cámara de Diputados sancionará el próximo jueves dos de los proyectos pendientes del paquete de reformas para el Poder Judicial impulsadas por el oficialismo en el Senado y que cuentan con respaldo de la oposición. Se trata de la iniciativa que impone cambios en la estructura de la Procuración General de la Suprema Corte para dotar de mayor autonomía al cuerpo de fiscales y el proyecto para modificar el proceso de jury de enjuiciamiento de magistrados. El primero, que fue aprobado por unanimidad en el Senado en octubre pasado, dispone que se creen los cargos de Defensor General y Subdefensor General que, si bien estarán administrativamente dentro de la Procuración, tendrán autonomía funcional y administrativa. Actualmente es la Procuradora quien dispone la metodología de trabajo, tanto de los defensores oficiales como de los fiscales. El proyecto votado permitirá que sea el Defensor General quien comande a todos los defensores y establezca las formas de trabajo. En el Senado, los bloques opositores presentaron algunos cuestionamientos puntuales pero terminaron acompañando al oficialismo, por lo que se descuenta que el proyecto será sancionado sin mayores inconvenientes en la Cámara Baja el próximo jueves. JUICIO POLITICO Otro de los proyectos incluidos en la batería de reformas judiciales que será sancionado en Diputados esta semana es el apunta a acortar los plazos en los procesos de enjuiciamiento de magistrados La iniciativa impone una serie de modificaciones a la ley de enjuiciamiento de magistrados, que apunta a acortar los plazos en los procesos de jury e incorpora la figura del apartamiento preventivo en casos de delitos graves. La norma fue aprobada a principios del mes pasado en el Senado con el apoyo de todos los bloques por lo que desde el oficialismo confían en que no habrá mayores inconvenientes para darle sanción en la sesión convocada para el jueves en la Cámara Baja. La figura de apartamiento preventivo de los jueces, por 90 días, es contemplada en el caso de delitos graves antes de la suspensión por parte de un jury, que no supondrá la quita de la remuneración del magistrado. También se pretende que, una vez presentada una denuncia contra un juez, se fije la primera audiencia en un plazo no superior a los 30 días. El proyecto generó fuertes cuestionamientos de parte del Colegio deMagistrados y de la Red de Jueces Penales de la Provincia. "Lejos de dotar de mayor juridicidad al jury, lo politiza más todavía", afirmaron. "En vez de asegurar un juzgamiento de los jueces y funcionarios del Ministerio Público con todas las garantías del debido proceso constitucional prevé la precipitada suspensión en sus funciones de aquellos que sean denunciados, lo cual constituye una herramienta por demás peligrosa para que cualquier litigante disconforme -y temerario- recurra al mecanismo de la denuncia para sacar del medio de un litigio a un juez que le disgusta porque no lo favorece en sus sentencias", acotaron. Finalmente, en la Cámara Baja se aprobaría el jueves el proyecto que apunta a poner en marcha en territorio provincial el mecanismo de Juicios por Jurados.