Por María José Lucesole
| LA NACION
En plan dialoguista, Scioli reunió ayer en la gobernación a representantes de las entidades judiciales. Foto: Prensa Gobernación Más notas para entender este tema Polémica por un acto en La PlataEl Gobierno busca darle forma a la "democratización" LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, retomó ayer el discurso de la Casa Rosada e instó a "democratizar la Justicia a partir de tribunales populares". La frase no sólo tuvo un valor discursivo, ya que horas después la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto que instaura en este territorio el juicio por jurados, una de las medidas que estudia el gobierno nacional como parte de una reforma judicial.
Scioli lo hizo a su manera. Habló en sintonía con el discurso de Fernández de Kirchner, pero se mostró rodeado de jueces y camaristas, así como de algunos miembros de la oposición, para impulsar cambios sustanciales en el Poder Judicial.
"Hoy va a ser un día histórico", vaticinó Scioli. Citó como ejemplo del cambio lo que hubiera ocurrido con el juicio por el caso de Marita Verón. "Seguramente (con un juicio por jurados) esto de ninguna manera hubiera llegado a estas instancias", afirmó.
El proyecto Scioli, enviado a la Legislatura seis meses atrás y aprobado ayer por la Cámara de Diputados, instaura el juicio por jurado para delitos graves, con penas máximas que excedan los 15 años de prisión. Es decir, que en una primera instancia el jurado encargado de dictaminar la inocencia o culpabilidad de un acusado intervendrá en homicidios, violaciones, lesiones graves, torturas. Ahora el proyecto debe pasar para su sanción definitiva al Senado.
El jurado estará integrado por un juez que actuará como presidente y doce jurados, todos legos, es decir, sin formación jurídica. Será requisitos tener entre 21 y 75 años de edad, entender el idioma nacional y estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, además de tener actitud psíquico-física.
El acusado podrá optar por la integración de este Tribunal con jurados o renunciar a ser juzgado por este sistema. El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo diez votos afirmativos. Si el delito por el que fuera calificado legalmente el hecho tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, se requerirá unanimidad de votos.
Uno de los puntos de debate es que el veredicto será inapelable, aunque se contempla la impugnación por nulidad.
En una puesta en escena cuidada, Scioli se anticipó a la votación de la ley en la Legislatura. Por la mañana, atento al reclamo presidencial por mayor democratización de la Justicia, pero siempre atento a mostrar un perfil conciliador que contrasta con el de la Presidenta, Scioli convocó en la gobernación a magistrados y a funcionarios del Poder Judicial que avalan la instrumentación del juicio por jurados.
Estuvo acompañado por Margarita Tropiano, presidenta de Asociación de Magistrados de Buenos Aires; Luis Cevasco, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, entre otros representantes del sector judicial. Además de jueces y catedráticos, Scioli convocó a diputados opositores como Gustavo Ferri y Natalia Gambaro, y a Jorge Yoma (FPV), autor de un proyecto de ley de juicio por jurados.
La Cámara de Diputados bonaerense también sancionó ayer una reforma a la norma de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que es resistida por el Colegio de Magistrados y la Red de Jueces Penales de esta provincia.
La reforma propiciada por la senadora Cristina Fioramontti (Frente para la Victoria) incorpora la figura de "apartamiento preventivo" para los jueces y fiscales acusados sometidos a juicio político. El apartamiento preventivo podrá ser dispuesto por el jurado "en cualquier estado del proceso anterior a la suspensión, si existieran elementos probatorios que hicieran verosímiles los hechos denunciados, y si la naturaleza y gravedad de los mismos tornara inadmisible la permanencia en el ejercicio de la función del denunciado".
Los bloques de la UCR, el FAP, Coalición Cívica y Celeste y Blanco acompañaron en general, pero votaron negativamente esta figura. También se sancionó una ley que dispone un nuevo organigrama al Ministerio Público Fiscal y otorga mayor autonomía al Defensor Oficial..