El Servicio de Administración de Justicia, es un servicio público. En la actualidad, para medir los niveles de bienestar de una sociedad se privilegia la evaluación del acceso a bienes y servicios públicos de calidad.
Hago esta introducción al tema de la autarquía presupuestaria porque, para el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que presido, no se trata de un problema de inscripción presupuestaria, ni de contabilidad, ni de dinero: para nosotros la pregunta que orienta nuestra acción cotidiana y nuestros objetivos estatutarios es en qué condiciones puede ofrecerse un servicio de administración de justicia de calidad y que respete las garantías que la sociedad nos encomendó. Por lo tanto todo lo que hagamos, y las palabras que les dirigiré a continuación, tienen a los ciudadanos (a nuestros conciudadanos) como punto de llegada.
La provincia de Buenos Aires tiene una dimensión y una complejidad incomparables con cualquier otra jurisdicción de nuestro país. Esos son datos objetivos. También es un dato objetivo la pérdida de prioridad en la agenda, a la hora de destinar recursos en el presupuesto. No hay más que mirar el retraso en materia edilicia, que ha motivado una declaración de “emergencia edilicia”: un caso único en el que una “emergencia” percibida y declarada, tiene una respuesta morosa y, casi, indiferente.
En materia salarial los magistrados provinciales tienen sueldos netos un 51,3% por debajo de los jueces de Nación; y esto se extiende a los funcionarios (33, 8 menos en provincia) y empleados (31,3 menos en provincia).

Quiero llamar la atención sobre este aspecto, porque además de desconocer abiertamente el principio constitucional de Intangibilidad (pensado para preservar a los magistrados de las presiones del poder político) atenta directamente contra la calidad del servicio de justicia: no puede pensarse que se atraerán a los mejores cuadros técnicos, a abogados calificados, con condiciones de trabajo y retribuciones marcadamente peores que en la mayoría de las provincias (ni hablar de la Justicia Nacional y la Justicia Federal). En nuestra provincia ya tenemos problemas para cubrir cargos por concurso, como puede comprobarse consultando al Consejo de la Magistratura.

Decía el Dr. Fábrega: “La reforma y la modernización judicial es una cuestión que diariamente es objeto del reclamo en el país. Resulta indispensable señalar que la mejora a introducir al servicio de justicia debe ser el fruto de una visión sustentable en el tiempo y, a su vez, integral y con metas objetivas respecto de las características propias de su funcionamiento. Es indispensable que estas respondan a una lógica de organización orientada a permitir que la modernización y reforma de la justicia tenga características sistémicas.
Este es un tema central que sin duda corresponde caracterizar como materia propia de una política de Estado.
El nudo central es la independencia del Poder Judicial. No obstante que este aserto surge palmario de la propia Constitución Nacional, ya en palabras del convencional José Benjamín Gorostiaga, en 1853: “No hay poder sin recursos ni Estado sin tesoro”.
Esta regla básica de finanzas públicas referida a la política y al ejercicio del poder, es de plena actualidad. Adaptándola al Poder Judicial diríamos no hay poder sin recursos suficientes ni facultad plena para disponer de ellos.
La independencia del Poder Judicial, encuentra relación directa con la posibilidad de contar con recursos suficientes. La disponibilidad de dichos recursos favorece la optimización de los recursos humanos, su profesionalismo, eficiencia de las facilidades administrativa s y de infraestructura, el resguardo de la autarquía financiera del Poder Judicial debe ser reconocida legalmente, en observancia de los principios constitucionales respectivos”.

Estamos ante una oportunidad histórica de dar un salto de calidad en el servicio que ofrecemos a los ciudadanos de nuestra provincia. No podemos malversarla por la mezquindad o falta de coraje. Los ciudadanos bonaerenses tienen derecho a tener lo mismo que los ciudadanos de otras provincias. Buenos Aires es una cenicienta en materia de Poder Judicial: basta recorrer las Ciudades Judiciales de muchas provincias; los recursos de los que disponen y las condiciones de trabajo de los operadores del sistema para advertir que estamos haciendo exactamente lo opuesto a lo que recomienda el Modelo Medellín y cualquier otra estrategia de inclusión e integración social: en lugar de poner los mejores recursos en las zonas de mayor complejidad, postergamos en el presupuesto lo que la sociedad prioriza en sus preocupaciones.

Voy a decirlo con claridad: para nosotros el proyecto de Autarquía sirve si, y sólo si, mejora las condiciones de desempeño del Poder Judicial y nos lleva, progresivamente, a la equiparación salarial con la Justicia Nacional. Una autarquía que se limite a una maniobra contable, sin impacto en la disponibilidad de infraestructuras y recursos suficientes, no cuenta ni contará con el apoyo del Colegio provincial.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires representa a 5600 Magistrados y Funcionarios de toda la provincia. Eso es el 87% del Poder Judicial provincial y el 42% de todo el país. Es muy importante que en este esfuerzo por mejorar la administración de la justicia provincial se incorpore de una vez y para siempre al único representante legítimo de los Funcionarios y Magistrados comprendidos entre las categorías de Auxiliar Letrado y Juez de Cámara a la hora de definir las políticas que los incluyen o los afectan.

Desde el Colegio estamos dispuestos a seguir trabajando y dedicando tiempo y esfuerzo para avanzar en la autarquía y para construir una Justicia como merecen los bonaerenses. Nos sentaremos en cualquier mesa de trabajo, con la única condición de la seriedad: que cuando digamos “autarquía” estemos diciendo lo mismo. No nos asustan las dificultades del camino para llegar a ella, si es la llave para mejorar sustancialmente la tutela de lo que nos fue confiado.

Los Magistrados y Funcionarios bonaerenses decimos, mirando a los ojos a los representantes de los otros Poderes del Estado y a los poderosos de ámbitos menos institucionalizados, que la falacia de la judicatura como casta privilegiada tiene tanta historia como años tiene el Poder tratando de sacudirse los controles y los límites. Mientras más fuerte, más legitimado y más próximo a los ciudadanos sea un Poder Judicial, mayor será la protección para los ciudadanos comunes.

Nosotros somos Magistrados y Funcionarios porque sentimos la vocación de aportar a la paz social. Formamos parte de un servicio público, nada menos que el de administración de justicia, porque ese es el único refugio que tienen los débiles frente a los poderosos.

Fortalecer ese servicio es darle mejores posibilidades de defender sus derechos a quienes viven en desventaja; debilitarlo es agrandar la brecha entre los que pueden más y los que pueden menos.


Muchas gracias!

Dra. Margarita Tropiano