La Plata, 18 abril de 2020.

NI FERIA NI ASUETO

LA JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ESTA EN FUNCIONES

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es una institución con más de 50 años de vida, que representa a 7.600 magistradas/os y funcionarias/os de todos los fueros y promueve el constante mejoramiento y jerarquización de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Frente a la magnitud de la pandemia que enfrentamos, por primera vez el viernes próximo pasado ha realizado su reunión mensual por videoconferencia, donde las/os diecinueve representantes de todas las departamentales han determinado la necesidad de destacar enfáticamente que a pesar de la suspensión de los términos judiciales y de conformidad con las reglamentaciones que, en general, ha acompañado en sus comunicados, el servicio de justicia se está desarrollando en los casos de urgente despacho y en todas las demás causas, de todos los fueros: civil y comercial, familia, contencioso administrativo, de paz, laboral, penal y responsabilidad penal juvenil. Eso sucede en el contexto de las estrictas excepciones al aislamiento social obligatorio y en la medida de las posibilidades que dicha medida permite.
Destacamos la encomiable labor que desarrollan todos y todas. Especialmente a los fueros de Familia, de Paz, juzgados de Ejecución, y a las/os integrantes del ministerio público que interactúan con éstos. El fuero penal se ha visto en general atravesado por la necesidad de dar urgente respuesta en esta época donde la emergencia sanitaria confluye con la crítica situación carcelaria.
Con el norte en la preservación de la salud pública, honramos el cumplimiento de las funciones que estamos llamados a garantizar como integrantes de un Poder del Estado que desempeña el rol esencial de garantizar la tutela judicial efectiva.
Lo hacemos magistradas/os y funcionarias/os de administración de justicia y ministerio publico concurriendo a las oficinas, convocando a las/os agentes estrictamente necesarios, que la reglamentación permite y que con gran predisposición se suman. Los magistrados y funcionarios también trabajan desde los domicilios, aún en los supuestos incluidos en grupos de riesgo, buscando creativamente cada hora de cada día la manera de avanzar en los procesos, en un marco pandémico que razonable e imperativamente impide la circulación de las personas.
El compromiso y la actividad desarrollada por este poder judicial no se compadece con la figura del “asueto”. Este Colegio solicitará específicamente la modificación de la reglamentación en este sentido.
Promovemos la implementación de tecnologías para suplantar actos procesales orales y presenciales que en esta emergencia no pueden realizarse y las modalidades de teletrabajo donde corresponda. Empero, no puede pasar inadvertido que los procesos legales no estaban encaminados hacia esas formas y, por ende, tampoco el equipamiento. En este orden de ideas:

-Nuestros puestos de trabajo en muchos casos carecen de micrófono y cámara web.
-La inmensa mayoría de magistrados y funcionarios no son provistos de telefonía celular. Sólo se cuentan, en general, con un teléfono por fuero que va rotando en los juzgados de turno, y que en algunos casos no soportan aplicaciones de actualidad.
-La implementación de soluciones creativas siempre se basa en la utilización de nuestros equipos personales. Tanto en la oficina como en los hogares.
-La utilización de estos elementos en las dependencias se ve obstaculizada al no contar con redes inalámbricas (wifi).
-Los procedimientos de la mayoría de los fueros no están aún digitalizados, si bien hoy hay una actividad creciente en ese sentido, reflejada en distintas resoluciones. La experiencia en estos días de pandemia evidencia, en algunas departamentales, que en muchos casos magistradas/os y funcionarias/os necesitaron desplazar expedientes físicos por las calles, al no contarse con edificios únicos sino con casas alquiladas y distantes.
-Los sistemas o software de administración de justicia y del ministerio público no son los mismos, poniendo en evidencia que la interconectividad entre ambos sistemas hoy resulta imprescindible. Se verifica una menor provisión de claves para teletrabajo y mayores dificultades para ello en el ámbito de esta última área, si bien se está trabajando para solucionar estos inconvenientes.
-Desde el comienzo del aislamiento a la fecha, se duplicó la provisión de claves. Esto ha sido progresivo, pero aún no es suficiente para satisfacer la demanda de una apertura total de actividades.
-El servicio de internet o banda ancha provistos no soporta aún la implementación total.
-En los hogares los equipamientos y servicio de internet son personales y a menudo tampoco están preparados en algunas zonas de las distintas regiones de la provincia donde, en muchos de los casos, presentan grandes déficits, haciendo inoperativa la modalidad de teletrabajo por muchas horas o de suma lentitud su funcionamiento.
-Para afrontar esta situación, estamos usando nuestros insumos personales, en general desactualizados. Un equipamiento de calidad y última generación para el teletrabajo desde nuestros hogares vale la mitad del sueldo promedio de las categorías que representamos.
-Los insumos de higiene inherentes a la epidemia, pese a las gestiones ingentes que se realizan, definitivamente no llegan en la cantidad adecuada. La limpieza no está garantizada en muchas dependencias. En algunas departamentales, las asociaciones colaboraron en su adquisición y distribución y aun así se recibieron respuestas de indignación por la insuficiencia.
-Somos controlados y amenazados de enjuiciamiento político en casos de convocar a agentes judiciales, no siendo escuchadas nuestras voces tendientes a evitar estas denuncias infundadas.
- Existe un récord histórico de vacantes en el Poder Judicial, demoras en las designaciones y los problemas presupuestarios exponen un importante número de órganos judiciales sin titulares y otros tantos que nunca se pusieron en funcionamiento a pesar de estar creados por ley. Ello, sumado a los/las magistrados/as en situación de grupos de riesgo, que resultan dispensados/as, genera complicaciones por la cantidad de subrogancias consecuentes.
-La designación de funcionarios sigue análoga lógica. Las demoras en sus designaciones se ven hoy lapidariamente obstaculizadas por la austeridad que reclama la emergencia. Resultando imprescindible su rápida cobertura, atendiendo mayormente a las nuevas urgencias.

En ese andarivel, las propuestas de este Colegio provincial han sido razonables, de amplitud progresiva y realizables. No las hacemos desde un laboratorio, desde una posición lejana, ni basándonos en información sesgada o indirectamente adquirida. Son el producto de la experiencia en la realidad cotidiana que se vive en las primeras instancias. Somos nosotros los que sabemos con qué recursos contamos. Cómo funcionan. Cuáles son los insumos que recibimos. Cuáles son los problemas. Para que se entienda bien: hablamos desde la primera línea de trabajo, donde acuden profesionales y justiciables a reclamar la aplicación del derecho.
Optamos en esta gran crisis, una vez más, por no hacer ataques ni descalificaciones que desvían del objetivo central de contribuir a brindar el servicio de justicia y llevar tranquilidad a la población bonaerense.
Atravesamos un momento muy difícil, lleno de incertidumbres y preocupación. La amenaza contra la vida y la salud confronta con necesidades básicas de todas las personas vinculadas con el quehacer judicial y de la ciudadanía en general. No somos insensibles ni mucho menos contestatarios. Por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda mancomunada de equilibrio entre la lucha contra la propagación del virus y la satisfacción del servicio.
Muchas asociaciones, colegios y uniones departamentales dialogan e interactúan con los colegios de abogados y el gremio judicial, en la búsqueda y articulación de modalidades de trabajo. Estamos convencidos que el camino es la búsqueda de consensos. Frente al COVID - 19 nadie puede ser indiferente y menos aún prescindente. A veces, desconcertantemente, las dirigencias provinciales manifiestan posiciones radicalizadas y desconectadas, en muchos casos, de las realidades locales.
El aislamiento y distanciamiento social han sido las primeras armas para enfrentar la pandemia. La cooperación recíproca a la que instamos, respetuosa y sin agresiones, constituyen el mejor antídoto para paliar sus drásticas consecuencias.
El Colegio promueve la construcción de una nueva imagen del Poder Judicial. Distinto, moderno, dotado y cercano a la ciudadanía.
Tenemos muy presente y nos enorgullece que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires son, en inmensa mayoría, el emergente de una carrera judicial iniciada como empleados desde las mesas de entradas y/o del ejercicio profesional en la matrícula de la colegiación provincial de abogados.
Una vez más destacamos la gran vocación de servicio y el renovado compromiso de estos funcionarios y magistrados de la administración de justicia y ministerio público en pos de garantizar la tutela judicial continúa y efectiva de todos los habitantes.